EEUU estudia suspender sanciones contra países latinoamericanos

Digan si esta no es una abierta, descarada y abyecta manera de vasallaje...
¡Qué pena tener que vender la soberanía por dólares!

Washington.- Washington estudia suspender las sanciones impuestas a algunos
países de América Latina por no eximir a los ciudadanos de EEUU de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), según Adolfo Franco,
gerente adjunto de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU.

Las naciones que sufren las penalizaciones son Paraguay, Uruguay, Brasil,
Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México, a los que Washington les ha
cancelado la ayuda económica y militar directa, que financiaba programas
como el combate contra el narcotráfico y la promoción de los derechos
humanos, indicó Efe.

Estas represalias no les han intimidado. Al contrario, el canciller de
Chile, Alejandro Foxley, ha indicado que su país está a punto de
incorporarse a la CPI.

Después de varios años de sanciones, la Casa Blanca evalúa un cambio en su
política.

Franco dijo a un pequeño grupo de periodistas que la Casa Blanca ''trata de
resolver este asunto'' y considera levantar las sanciones, aunque señaló que
aún no ha determinado si las cancelaría para todos los países de la lista o
sólo algunos.

Su supresión ''será una decisión que realizarán en última instancia la
secretaria de Estado (Condoleezza Rice) y el presidente'', George W. Bush,
dijo Franco.

Bush tiene la autoridad de eximir a países de las sanciones por razones de
''interés nacional''.

Hasta ahora en América Latina sólo ha tomado esa medida con respecto a
Argentina, por considerar al país austral como un ''aliado importante'', del
mismo modo que ha hecho excepciones con los miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Con la amenaza de sanciones, EEUU ha convencido a más de 100 países de que
firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, por los cuales dan inmunidad
ante esa corte a los ciudadanos estadounidenses en su territorio, sean
civiles o militares.

En América Latina los han suscrito Colombia, Bolivia, Panamá, República
Dominicana y Honduras.

El posible cambio de política no se debe a que Washington haya recapacitado
sobre su oposición a la CPI, que juzga a sospechosos de genocidio, así como
de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Washington mantiene su argumento de que el tribunal podría ser usado para
encausar a funcionarios y militares estadounidenses por motivos políticos.

No obstante, en América Latina ve con mucha inquietud el aumento de la
influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a golpe de petróleo
subsidiado, y de China, que ha aumentado su inversión en la región por
considerarla una importante fuente de materias primas.

Esos temores quedaron claros en una audiencia ayer en la Cámara de
Representantes, en la que el republicano Dan Burton, el presidente del
subcomité sobre América Latina, pidió a la Casa Blanca que cambie su
política.

''Muchos de nosotros estamos preocupados por la influencia de China en la
región'', afirmó Burton, quien dijo que Pekín no tendrá inconveniente en dar
entrenamiento militar a los latinoamericanos si EEUU se lo niega.

En términos similares se manifestó Eliot Engel, el líder de los demócratas
en ese subcomité. ''Estas sanciones están socavando muy gravemente nuestros
intereses en la región'', dijo el legislador, quien las calificó como ''una
política fallida''.

Con él coinciden organizaciones gubernamentales como ''Citizens for Global
Solutions'', que quieren que EEUU detenga su campaña de oposición a la CPI.

Golzar Kheiltash, una analista legal de esta asociación, opinó que las
sanciones ''son una táctica de mano dura que distancia a Estados Unidos de
sus aliados y de países que son amigos nuestros''.

Para las naciones afectados, el impacto de la retirada de la ayuda ha sido
más político que económico.

Franco afirmó que la asistencia cancelada sólo asciende al 10 por ciento de
los fondos que EEUU destina a América Latina, ya que sólo afecta a la ayuda
directa a los gobiernos y no a las subvenciones destinadas a organizaciones
no gubernamentales.

El Departamento de Estado no ha publicado la cifra exacta de la ayuda
económica retenida.

En el año fiscal 2005, que terminó en septiembre de ese año, los fondos para
la compra de armamento y la educación de militares suspendidos ascendieron a
4,5 millones de dólares.

Ecuador fue el país más perjudicado, con una pérdida de 2,3 millones.

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